Foto de Roberto Pasini. CC (by-sa)
El viernes 13 de julio, como si de una superstición cumplida se tratara, México amaneció con la noticia de que el Gobierno Federal había firmado el día anterior el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación o ACTA, por sus siglas en inglés para Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
Este acuerdo comercial internacional, impulsado por las firmas de lobbying (cabildeo) representantes de grandes industrias estadounidenses (Hollywood y discográficas, principalmente) y repudiado por muchos colectivos, usuarios individuales y expertos en la materia de Derechos Humanos y derechos en internet, ya había sido anunciado con pomposidad por la Presidencia de la República hace casi un año atrás bajo el pretexto de que un tratado de ese tipo colocaría a nuestro país en el mismo canal que los países desarrollados del orbe.
En 2010, Guadalajara fue sede de una ronda de negociaciones entre los países impulsores de ACTA con países que prometían adherirse mediante firma tan pronto como estuvieran listos los alcances legales del documento. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón figuran como los principales promotores de la iniciativa; en cuanto a México, aunque cuenta con un IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) benevolente y parcial a favor de la industria discográfica nacional, su papel no representa más que el de uno de varios gobiernos interesados en suscribirse.
Pero contrario a lo que los propios gobiernos a favor de ACTA puedan decir, éste no es un tratado, sino un acuerdo comercial (como su nombre lo indica). Por lo tanto, no todo lo estipulado por el documento es de conocimiento público y lo poco que se conoce del mismo es gracias a la información que se ha filtrado a través de políticos de distintas latitudes que han mostrado su descontento con la manera en que los países interesados han negociado el documento y sus alcances.
Incluso, ACTA puede ser considerado como una afronta a los estándares de autoridad y negociación internacional, pues al tratarse de un acuerdo comercial (en el cual los países se conducen como entidades privadas) que busca establecer lineamientos para combatir la falsificación de medicamentos así como de protección a los derechos de autor, los países firmantes están haciendo a un lado la autoridad representada en la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la Salud (OMS) y de la Propiedad Industrial (OMPI).
Lo que resulta inédito para el caso mexicano, es que el Gobierno Federal haya firmado el acuerdo por sorpresa y desatendido las observaciones realizadas por la Comisión Plural que estableció el Senado de la República, donde se le dijo al Presidente Felipe Calderón Hinojosa que ellos no ratificarían el acuerdo y le recomendaban que éste no fuera firmado por el Ejecutivo. Y en México, como en todos los regímenes que utilizan la división clásica del Poder en tres, la Cámara Alta (Senado) o el Congreso General (unicameral) debe ratificar todos los tratados firmados por el Ejecutivo para que estos sean considerados válidos en el país.
Senadores salientes y electos se han manifestado contra la acción de la Presidencia, entre ellos Manlio Fabio Beltrones (PRI), Francisco Javier Castellón y Alejandro Encinas Rodríguez (PRD). Pero también Senadores del PAN votaron a favor de la recomendación hecha a Felipe Calderón, como Beatriz Zavala Peniche, quien en su momento manifestó su respaldo a los sectores de la sociedad civil y al activismo en redes sociales de Internet para evitar que el acuerdo comercial fuera firmado por nuestro país y entrara en vigor.
No por azar se ha vinculado ACTA con otras iniciativas como SOPA, PIPA, la Ley Sinde, la Ley Döring, entre otras, pues este acuerdo puede ser considerado como la piedra angular de la estrategia de lucha contra la piratería a nivel internacional. Sin embargo, las críticas recibidas por todos estos modelos de legislación se deben a que se ocupan más por defender el derecho de entidades privadas o individuos particulares que por salvaguardar la privacidad de los usuarios de las industrias interesadas y sus derechos inalienables.
Debe destacarse que ACTA fue rechazado ya por varios países, entre los que se cuentan Eslovaquia, República Checa, Polonia y Rumania. Del mismo modo, el documento fue rechazado recientemente por el Parlamento de la Unión Europea, donde ni siquiera superó la instancia de las comisiones revisoras al ser votado en contra por la propia representación de las industrias discográfica y cinematográfica.
Todo el sincretismo guardado alrededor de la firma del gobierno mexicano puede deberse a muchos más factores que simplemente al hecho de “quedar bien” con los países desarrollados. Esto, y el contenido conocido hasta ahora de ACTA, lo abordaremos en la segunda parte de este artículo.
Recomendamos
